So pretexto del “estado de emergencia”, Militares, Policías y presunta fiscal ingresaron violentamente a Comunidad Nativa “Tres Islas”

  • 7 vehículos con militares y policías armados, y una presunta fiscal ingresaron a la Comunidad por la fuerza, alegando el “estado de emergencia”.
  • Ninguno de los agentes estatales tenía máscaras ni guantes, a pesar de las obligaciones de proteger a las comunidades vulnerables frente al COVID19.
  • Comunidad denuncia el “robo de las llaves y candado del portón” de la Comunidad por los efectivos, exige su devolución e investigación de este abuso.

IIDS/IILS. Marzo 2020. El día (17/03/2020) a las 9:10 a.m. una presunta fiscal acompañada por efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, al parecer de la Marina, llegaron con 7 vehículos a la entrada de la Comunidad Nativa Tres Islas por el Kilómetro 8 de la Carretera Interoceánica, donde se encuentra el portón de ingreso a la Comunidad Nativa Tres Islas y por donde se accede al poblado y al puerto.

Los efectivos y la presunta fiscal no se identificaron debidamente, tampoco precisaron el motivo de su presencia, sino que tan sólo alegaron que tenían derecho a ingresar por el “estado de emergencia”, establecido en el país por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, ni la presunta fiscal ni ninguno de los efectivos contaba con mascarillas, guantes u otras medidas de protección sanitaria para evitar contagiar a la Comunidad el COVID-19, a pesar de que se acercaron a varias comuneras y comuneros a menos de un metro para arranchar, prácticamente, las llaves del portón de la Comunidad a la comunera encargada de la portería.

A pesar de que varios comuneros y comuneras solicitaron tanto a la presunta fiscal como a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas que esperen la llegada del Presidente de la Comunidad para realizar las coordinaciones del caso, éstos no lo hicieron, sino que ingresaron por la fuerza. Primero, entraron a pie unos efectivos armados, luego amedrentaron a la comunera portera y demás comuneros presentes para obtener las llaves, abrieron el portón para que ingresen los siete (7) vehículos que traían y, al final, se llevaron el manojo de llaves y el candado.

En cada vehículo, de los 7 que ingresaron, se encontraban alrededor de 7-9 efectivos armados, haciendo un total de más de 50 efectivos.

Luego de su ingreso violento, los 7 vehículos se dirigieron hacia el puerto. Cerca del mismo, les esperaban unos botes con los que se dirigieron por el río Madre de Dios, hacia el sector de Playa Alta en la boca de Aguas Negras. Al parecer, ahí estuvieron haciendo interdicciones a balsas de terceros hasta aproximadamente las 4 pm.

A su retorno, pasaron nuevamente por el portón de la Comunidad para retirarse. Las comuneras y comuneros les exigieron la devolución de su candado y llaves, pero los efectivos se fueron con actitud prepotente, sin devolverles las llaves ni el candado, dejando expuesta la comunidad al ingreso de cualquier minero ilegal u otro peligro.

Esta situación ha causado mucha indignación a la Comunidad: “Nosotros venimos pidiendo hace tiempo que la policía haga un operativo para sacar a todos los mineros de nuestro territorio, y que hasta tienen un grifo por el km. 24, pero hasta ahora no lo hacen y, sin embargo, entran sin respetar a la Comunidad y se roban nuestras llaves”, dijeron autoridades de la Comunidad. Otros comuneros también manifestaron su molestia por la forma abusiva en la que ingresaron los militares: “Ni siquiera respetaron a la comunera encargada del portón, que es mujer” dijeron. 

En efecto, la Comunidad Nativa “Tres Islas”, conformada por los pueblos shipibo y Ese’ Eja, tienen una larga lucha en contra de la minería y la tala ilegal dentro de su territorio, siendo así que cuenta con dos sentencias ganadas en tal sentido, y una Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, a pesar de que por varios años viene solicitando un operativo para erradicar a todos los mineros ilegales del territorio comunal, hasta ahora ello no acontece, supuestamente por falta de efectivos.

La Comunidad ha hecho un Acta de lo ocurrido y hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y demás entidades para que investiguen, fiscalicen y sancionen a los responsables. El estado de emergencia, dado para controlar el COVID19, no puede ser usado para un acto abusivo contra un pueblo indígena. Y, menos aún para ponerlo en riesgo de exposición al COVID19, dado que ni la presunta fiscal ni ningún efectivo tenían máscaras ni tomaron medidas de seguridad. Y, además, dejaron a la Comunidad sin las llaves ni el candado que les permite cerrar su portón por la entrada del km. 8 y protegerse del ingreso de mineros ilegales, taladores u otros peligros.

“Hace 10 años, un juez nos tumbó el portón que pusimos para que no ingresen los mineros por el km. 24, y, ahora, estos efectivos nos han dejado sin protección del portón que tenemos a la entrada por el km. 8 ¡Es demasiado abuso!” dijo una comunera totalmente indignada.

“Esperamos que estos hechos se investiguen y sean fiscalizados por el nuevo Congreso, pues son inconstitucionales, transgreden las propias normas de las Fuerzas Armadas (el DL Nº 1095 y su Reglamento, el DS Nº 003-2020) y, sobre todo, el derecho internacional, pues los relatores de la ONU ya se pronunciaron señalando que no se puede usar el estado de emergencia sanitaria para abusar de los derechos humanos, como se ha dado en este caso” indicó una abogada del equipo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS, institución que asesora a la Comunidad.

Autoridades de la Comunidad también manifestaron que comunicarán estos hechos a la CIDH, ante la cual el Procurador Supranacional de Derechos Humanos se comprometió a respetar los derechos de la Comunidad hace apenas una semana, en la Reuniones de trabajo 175º periodo ordinario de sesiones de la CIDH llevada a cabo el 7 de marzo en la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. 

 

VER TAMBIÉN:

VIDEO DE INGRESO VIOLENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS

EXP. 1126-2011-HC/TC que garantiza la propiedad y la autonomía comunal, y que nadie puede ingresar al territorio de la Comunidad sin su autorización.

– Sentencia de 1era Instancia y confirmatoria Segunda Instancia que anula todas las concesiones mineras y ordena el cese inmediato de la actividad de los terceros.

  • Mayor información: IIDS: www.derechoysociedad.org, prensaiids@derechoysociedad.org 
  • Jr. Nazca 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Tel. (51-1) 330 – 9139. 

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