IIDS. FEBRERO 2025. El próximo 4 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará inicio a las audiencias públicas del 192º Período de Sesiones. Uno de los temas destacados es la «afectación a la jurisdicción indígena en el Perú». En esta audiencia participarán la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), así como el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).

¿Qué se abordará en la audiencia temática?

La CUNARC-P, organización indígena nacional de las rondas campesinas, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) varios casos relacionados con la jurisdicción indígena y la criminalización de la defensa de sus territorios. Estos casos incluyen el Caso Conga, el Caso Río Blanco, así como el caso de criminalización de las rondas campesinas en San Martín y de la Familia Díaz Sigueñas. De su parte, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) presentará el caso de la empresa PETROMINAS y LUCY MAYNAS, donde el Estado peruano no ha cumplido con acatar las decisiones jurisdiccionales del Pueblo Achuar.

Caso Conga y Río Blanco: Criminalización y persecución de la jurisdicción indígena para imponer megaproyectos mineros

Los casos de Conga y Río Blanco son ejemplos significativos de la criminalización de la jurisdicción indígena, utilizada como estrategia para desacreditar a las autoridades ronderas. En particular, en el caso Conga, el Estado ha promovido la criminalización de los líderes y lideresas que defienden el territorio en oposición a los megaproyectos mineros inconsultos. Esta criminalización se manifiesta a través de acusaciones como usurpación de funciones, resistencia a la autoridad y secuestro, entre otros delitos. Algunos de estos casos son el de Ydelso Hernández Llamo y Eduar Rodas, autoridades ronderas de Cajamarca, quienes tienen un aproximado de cien casos penales;  Manuel Ramos, autoridad rondera de El Tambo, con más de 70 procesos penales; Cesar Estrada, entre otras personas, que además cuentan con una Medida Cautelar MC 452-11 otorgada por la CIDH.  

De igual forma, las rondas campesinas expondrán el caso de las autoridades ronderas de la provincia de Huancabamba que estarían siendo criminalizadas por la defensa de su territorio. Este es el caso del presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba, Ronsol Sandoval Guevara, y aproximadamente otros 30 dirigentes que desde 2019 son perseguidos por la Fiscalía por llevar a cabo una “cadena ronderil” en su territorio. Aunque el caso fue archivado, en 2023 fue reabierto por el Ministerio Público (Caso 189-220). Ronsol Sandoval informa que tanto él como varios miembros de las rondas han sido notificados sobre el inicio de esta investigación preliminar por el supuesto delito de tortura tras el ejercicio de su jurisdicción, siendo que su única motivación es la protección de su territorio. Además, añade que “la empresa trata de meterse de cualquier forma, y cuando la justicia propia interviene, los sanciona y la Fiscalía y la Policía persiguen a las autoridades ronderas”.

En contraste, las autoridades ronderas señalan que el Estado peruano no investiga las torturas, muertes y heridos que dejó la imposición del Proyecto Minero Río Blanco (operado antes por la empresa Majaz S.A.) que a la fecha se mantendrían impunes.

Caso Díaz Sigueñas: Conflicto de competencias e imposición de la jurisdicción ordinaria

Otro de los casos que se presentará en la audiencia es el de la familia Díaz Cigüeñas y las autoridades de las Rondas Campesinas de San Martín. Este caso ha derivado en más de cinco procesos penales contra más de 20 autoridades ronderas y miembros de la familia Díaz Cigüeñas (Carpeta Fiscal N° 444-2012, Exp. 00368-2017, Exp. 0382-2019, Exp. 771-2021, Carpeta Fiscal N° 372-2023). Todo esto surge a raíz de una resolución en un proceso civil que, en lugar de respetar el Protocolo entre Sistemas de Justicia—el cual establece que ante un conflicto de competencia debe convocarse una mesa de diálogo directo—, resolvió de manera contraria a lo decisión previa de la jurisdicción de las rondas campesinas.

Indalecio Díaz Sigueñas es uno de los ronderos más afectados con la criminalización pues además de perder el predio que adquirió hace más de 40 años y el cual es reconocido como su propiedad por las rondas campesinas, ha sido enjuiciado reiteradas veces por acatar la decisión comunal. Hace pocos meses, tras tres años de cárcel, Indalecio ha sido sentenciado nuevamente por el Corte Superior de San Martín.

Ley de Amnistía. En este marco, Indalecio presentó una solicitud de aplicación de la Ley de Amnistía N° 27599, Ley que concede amnistía a los miembros de las rondas campesinas y/o comunales procesados por cualquier hecho o delito vinculado a sus labores comunales; sin embargo, el mismo ha sido desestimado por el Poder Judicial del Perú.  

Pueblo Achuar del Pastaza: Desacato a la jurisdicción indígena.

FENAP, por su parte, llevará el caso de la empresa Petrominas, contratista de la empresa peruana Petroperú. El caso en particular trata sobre la vulneración de la prohibición de ingreso al territorio Achuar de la empresa PETROMINA, la falta de pago de deudas laborales a los miembros del pueblo achuar, entre otras malas conductas de la empresa, razón por la cual, en Asamblea General, el Pueblo Achuar del Pastaza-FENAP le impuso sanciones en ejercicio de su jurisdicción. Lejos de acatar y cumplir con el mismo, la empresa Petrominas casi generó una guerra interétnica entre otros pueblos indígenas vecinos y el Pueblo Achuar. El Estado a través de Petroperú han respaldado a Petrominas, sin acatar las decisiones jurisdiccionales indígenas y buscando imponer la continuidad de la empresa en el territorio Achuar, lo que refleja una grave falta de respeto hacia sus derechos y la autonomía de los pueblos indígenas.

De manera similar, el Pueblo Achuar ve necesaria la oportunidad para exponer el caso de la señora Lucy Maynas, miembro de su comunidad, quien sufrió un naufragio debido a la excesiva velocidad de una ambulancia fluvial del Estado. Este incidente resultó en la pérdida de materiales y económicas de la señora Lucy al perder sus materiales, motor y bote. La Asamblea del Pueblo Achuar ha decidido exigir el pago correspondiente por las pérdidas que sufrió la señora Lucy y ha solicitado al Estado que, en vías de coordinación, se lleve a cabo una investigación y se acate la decisión jurisdiccional del Pueblo Achuar. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no habría cumplido con esta solicitud.

Todos estos casos reflejan una situación de vulneración al derecho a los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas en el Perú, así como la criminalización y persecución que enfrentan al ejercer dicho derecho. Esto ocurre a pesar de que el derecho internacional de los pueblos indígenas y la propia Constitución Política del Perú reconoce las funciones jurisdiccionales indígenas en su artículo 149.

¿Cómo puedes ver la audiencia?

La audiencia temática se llevará a cabo el martes 4 de marzo a las 4 de la tarde. Las inscripciones para participar de esta audiencia están abiertas a través del siguiente enlace: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_TN4zSjn5STKWuaqHxHvlRA#/registration