IIDS. OCTUBRE 2024. El pasado 1 de octubre, la Central Única Regional de Rondas Campesinas de San Martín y la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Rioja convocaron a una Conferencia de Prensa en la ciudad de Moyobamba, San Martín. Las Rondas informaron que el 25 de septiembre, Walter Díaz Cigüeñas (38), hermano menor de la familia Díaz Cigüeñas, fue asesinado por arma de fuego, en su predio  (Caserío Chonza Bagua, distrito Copallín, provincia de Bagua, Amazonas). Este es el segundo asesinato de un miembro de la familia Díaz Cigüeñas, pues la primera víctima fue Segundo Díaz Cigüeñas (50), cuyo asesinato fue investigado por las Rondas Campesinas de San Martin, quienes determinaron responsabilidad de María Catalina Manosalva Cubas, como autora intelectual, quien, sin embargo, fue liberada en manos de la jurisdicción ordinaria.  

En la Conferencia de Prensa, las rondas han señalado que, desde el asesinato de Segundo Díaz Cigüeñas -que a la fecha se encuentra impune- las Rondas Campesinas vienen siendo criminalizadas por ejercer y acatar su jurisdicción especial rondera. Así, en diferentes asambleas han reafirmado su decisión, conforme al artículo 149 de la Constitución, de reconocer como propietarios del predio denominado “La Viña”, a Adelino e Indalecio Díaz Sigueñas. No obstante, este predio habría sido adquirido por Segundo Neptalí Cabanillas Merlo de forma fraudulenta por parte de la señora María Catalina Manosalva Cubas, tras el asesinato de Segundo Díaz Sigueñas; desconociendo la jurisdicción especial, razón por la que los ronderos vienen siendo perseguidos.

Las Rondas sostuvieron reuniones con el Ministerio Público de San Martín y Defensoría del Pueblo, donde expresaron que las investigaciones y procesos seguidos en su contra no se encuentran amparados en el marco jurídico, por ser parte de los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución, según lo establece el propio artículo 18.3 del Nuevo Código Procesal Penal. A su vez, denunciaron que el Fiscal Walter Díaz Cigüeñas viene persiguiendo a Adelino e Indalecio Díaz Sigueñas en el proceso penal seguido con expediente N° 382-2019, siendo coordinador alterno de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (OCAJIMP).

En este contexto, el 28 de septiembre de 2024, la Central Única Regional de las Rondas de San Martín emitió un Pronunciamiento Público donde sus principales exigencias fueron los siguientes:

1. “EXIGIMOS a la Fiscalía Provincial de Bagua la debida y pronta investigación del asesinato de Walter Díaz Cigueñas (38), hermano menor de la familia Díaz Sigueñas, el cual, según un testigo directo, fue asesinado el 25/9/2024, por arma de fuego, en su predio (Caserío Chonza Bagua, distrito Copallín, provincia de Bagua, Amazonas), por Leoncio Ramírez Tello, quien se encuentra en calidad de huido.
2. DENUNCIAMOS públicamente al Fiscal Walter Eduardo Ortiz Valderrama quien, en vez de cumplir su función de Coordinador de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (OCAJIMP), viene persiguiendo arbitrariamente a los hermanos Indalecio y Adelino Díaz Sigueñas, en el Expediente N° 382-2019 y EXIGIMOS a OCAJIMP y a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de San Martín que les inicien un Proceso Administrativo Disciplinario a efectos de ser destituido.
3. EXIGIMOS a la Corte Suprema de Justicia del Perú admitir el Recurso de Casación presentado por Indalecio Díaz Sigueñas y aplicar la Ley de Amnistía N° 27599, que dispone el archivamiento definitivo y liberación de todos los comuneros y ronderos perseguidos y criminalizados por cualquier hecho o delito vinculado a sus labores comunales.”

Aquel pronunciamiento fue leído en la Conferencia de Prensa el 1 de octubre de 2024 por la Presidenta de la Rondas Campesinas Regional de San Martín, Elizabeth Villanueva Tapia, quien añadió: “Nos quitan la fuerza de voluntad de seguir luchando por la seguridad, el bienestar y la justicia dentro de la jurisdicción especial en las zonas rurales, donde se sufre el abuso y la discriminación por ser campesinos”.