IIDS. Setiembre 2024. El pasado miércoles 18 de septiembre, autoridades de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Central Única Regional de Rondas Campesinas de San Martín, la Central Única Provincial de las Rondas Campesinas de Rioja, brindaron una Conferencia de Prensa en la ciudad de Moyobamba San Martín.

Merardo Hoyos Guevara, Secretario de Justicia de la CUNARC-P, dio inicio a la conferencia recordando que hasta la fecha, la justicia ordinaria continúa criminalizando el ejercicio de derechos de las rondas campesinas, a pesar de que los mismos tienen reconocimiento constitucional en el artículo 149 y violando lo previsto en el artículo 18 del Nuevo Código Procesal Penal que establece que los límites para de la jurisdicción penal ordinaria son, precisamente, los casos señalados en referido artículo constitucional. 

Seguidamente, Adelmo Rafael Coronel, quien es secretario de organización de la Central Única Regional de las Rondas Campesinas de San Martín, dio lectura al pronunciamiento de las rondas campesinas donde denuncian el Caso de Indalecio Díaz Sigueñas, rondero de la Base Atumplaya que se encuentra en el Centro Penitenciario. Las rondas manifiestan que son más de tres procesos penales, por el supuesto delito de “usurpación agravada”, iniciados contra Indalecio Díaz y otras autoridades y miembros de las rondas campesinas por ejercer y acatar decisiones jurisdiccionales. En el pronunciamiento, las rondas refieren que uno de los casos de criminalización es el seguido en el expediente N° 382-2019, donde Indalecio ya había sido absuelto; sin embargo, en la Sala Penal habrían declarado nulo el mismo, iniciándose un nuevo juicio oral. A la fecha, este caso se encuentra nuevamente en el Juzgado, donde se estaría usando calificativos estigmatizantes, discriminatorios, vulneratorios y humillantes contra las rondas campesinas.

En efecto, Indira Rodriguez, abogada de Indalecio Díaz en el referido caso (Exp. 382-2019), señala que la jurisdicción ordinaria intenta desconocer los derechos de las rondas campesinas que se encuentran amparados tanto en el ámbito nacional e internacional, al criminalizar el acatamiento de decisiones comunales. Al respecto, indica que las decisiones de las rondas campesinas, como parte de su sistema jurídico propio, tienen calidad de Cosa Juzgada y, como tal, deben ser respetadas por todas las instituciones del Estado, según el derecho internacional, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que se aplican a las rondas campesinas de conformidad con su propia Ley. Asimismo, informa que, a través del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS y el Estudio Benites, Vargas & Ugaz, han presentado una solicitud de sobreseimiento en aplicación de la Ley N° 27599, Ley de amnistía que alcanza a los miembros de las rondas campesinas y/o comunales por cualquier hecho o delito vinculado a sus labores comunales, por la cual habrían presentado un recurso de Casación que se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, el Presidente de la Central Provincial de las Rondas Campesinas de Rioja, Manuel Morales Pardo, informó que, el 17 de setiembre del presente año, se llevó a cabo la presentación ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, de una solicitud de mesas de trabajo de coordinación entre los sistemas de Justicia penal ordinaria y Justicia especial, a fin de solucionar los conflictos de competencia y detener la persecución y criminalización en contra de la autoridades y miembros de las Rondas Campesinas. En el documento presentado, las Rondas Campesinas solicitaron que:

“1.    En vías de coordinación, respeten la decisión de la jurisdicción especial rondera (cosa juzgada), y archiven los procesos penales que se opongan a ésta, de conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y al artículo 18 inciso 3 del Código Procesal Penal.

2. Aplicación del Protocolo de Coordinación Intercultural entre Sistemas de Justicia y el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos.

3. Aplicación de la Ley N° 27599, Ley que concede amnistía a los miembros de las rondas campesinas y/o comunales procesados por la tenencia ilegal de armas y secuestro y alcanza a los miembros de las rondas campesinas y/o comunales por cualquier hecho o delito vinculado con sus labores comunales.

4. Mesas de diálogo a nivel regional, provincial y distrital de coordinación con la jurisdicción rondera a fin de abordar la grave problemática de criminalización que venimos enfrentado las rondas campesinas por ejercer y respetar el derecho a las funciones jurisdiccionales.

5. Creación de escuelas interculturales para jueces donde se los capaciten en temas como el Pluralismo Jurídico Igualitario de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y al artículo 18 inciso 3 del Código Procesal Penal, y la jurisprudencia nacional e internacional.

6. Otras actividades que se puedan realizar en coordinación con las autoridades de la justicia especial.”