Yrigoyen concluyó diciendo: “la falta de tutela constitucional de nuestra buena imagen como defensoras de derechos indígenas ante la CIDH en el caso Conga (y que ello no es ser “roja desleal”), hace que las vulneraciones hayan escalado a hechos como seguimiento policial y denuncias penales arbitrarias. Y, la falta de tutela en tales casos, ha posibilitado que, de ahí, sigan las amenazas contra nuestra vida e integridad”.

Riesgos de vida e integridad por falta de efectivos policiales en diligencias.

Rocío Trujillo, también abogada del IIDS, explicó al Relator cómo, en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, afectada por la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú, reiteradamente, no envía el número de efectivos policiales necesarios. Ello, tanto a las diligencias de interdicción de la Fiscalía como a las diligencias judiciales de ejecución de sentencia, del 2016 hasta el 2019, obligando a la suspensión de las mismas por falta de seguridad.

“La falta de efectivos en las diligencias genera grandes riesgos para la vida e integridad de los comuneros y de nosotras, las defensoras, porque los mineros aprovechan ello para amenazarnos y atacarnos”, explicó la abogada Trujillo. “Así pasó en una diligencia fiscal en el 2016, cuando me amenazaron; y en el 2019, los mineros amenazaron a mis colegas Raquel Yrigoyen y Blanca Erazo, en una la diligencia judicial. E, incluso, el 27 de diciembre 2019, se oyeron dos disparos al aire en plena diligencia, por lo que tuvo que suspenderse”.

Pedidos al Relator, para que inste al Estado a respetar los derechos de defensoras

 El equipo jurídico del IIDS hizo entrega escrita de sus pedidos de intervención al Relator, a fin de que inste al Estado peruano a garantizar sus derechos como defensores/as de derechos humanos de pueblos indígenas, y, en particular, que:

1. El Tribunal Constitucional ampare de modo pronto y efectivo el derecho a la buena imagen y ordene el retiro de la expresión “ultra, radical roja desleal” por el hecho de litigar contra el Estado ante la CIDH en defensa de derechos humanos de pueblos indígenas en el caso Conga, u otros; en aplicación del art. 63 del Reglamento de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que frene así los discursos de odio contra las defensoras, que se encubren bajo la supuesta “libertad de expresión”.
2. El Ministerio del Interior (MININTER) que garantice la seguridad de las defensoras y comuneros en las diligencias fiscales y judiciales y cumpla con enviar el suficiente número de efectivos para el retiro de todos los mineros ilegales de la Comunidad Nativa Tres Islas.
3. MININTER, Fiscalía y el Poder Judicial cesen de criminalizar a las autoridades indígenas por administrar justicia y defender sus territorios frente a empresas; y cesen de criminalizar a las defensoras de pueblos indígenas.
4. MINCUL reconozca la aplicación de derechos indígenas a las rondas campesinas, y deje de hostilizarlas.
5. MINCUL deje de negar la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y sus organizaciones.
6. Cese la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, que es el motivo de intervención de los/as defensores/as.

El Relator escuchó con suma atención los planteamientos de las rondas campesinas y de las abogadas defensoras del IIDS, y señaló que va a dar seguimiento a estos casos en protección de quienes defienden los derechos humanos de pueblos indígenas.