03 Feb Relator de la ONU Michel Forst escucha a rondas campesinas y a defensoras de derechos de pueblos indígenas del IIDS
- El presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) denunció la denegación de derechos indígenas por el Ministerio de Cultura (MINCUL), y la criminalización de la jurisdicción indígena.
- Defensoras del IIDS señalaron que enfrentan estigmatización, criminalización y amenazas por la defensa de derechos indígenas, y que no reciben tutela efectiva por parte del Tribunal Constitucional ni la Policía.
IIDS/IILS. Enero 2020. Durante la mañana del viernes 31 de enero, Michel Forst (Francia), Relator Especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), escuchó a Santos Saavedra, presidente de la Central Única de las Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), así como a miembros del equipo jurídico del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), organización que defiende casos emblemáticos de pueblos indígenas en la región.
Rondas Campesinas: criminalización de funciones jurisdiccionales
Santos Saavedra explicó al Relator que la CUNARC-P es una organización representativa de pueblos originarios, que se autoidentifica como tal, con bases ronderas en 17 regiones del país. Señaló que las rondas sufren criminalización desde hace 40 años: “Nos persiguen y hasta nos matan por administrar justicia y por defender nuestros territorios frente a las empresas extractivas”. Y, ante la pregunta por las funciones que cumplen, explicó: “Las rondas investigamos y hacemos justicia, y nuestras funciones jurisdiccionales están reconocidas en el artículo 149 de la Constitución, pero aún así nos procesan por secuestro, disturbios y otros delitos”.
Cabe recordar que, en la reunión previa con el Relator, el 23 de enero, Manuel Ramos, rondero beneficiario de la Medida Cautelar (MC) otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Conga, explicó que él tiene 73 denuncias penales y que hay más de mil ronderos procesados a nivel nacional.
Denegatoria de la condición indígena y derechos por MINCUL
El Presidente de la CUNARC-P denunció que el Ministerio de Cultura (MINCUL), ente rector de pueblos indígenas, viene negando la aplicación de derechos indígenas a las rondas campesinas, como la consulta previa y personalidad jurídica colectiva. MINCUL ha excluido a la CUNARC de la base de datos de organizaciones representativas de pueblos, del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas (GTPI) y de otras convocatorias. Por ello, Santos concluyó: “queremos que el Estado y las empresas nos respeten”.
“Un estado de cosas inconstitucional”
Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del IIDS, señaló que, actualmente: “hay un estado de cosas inconstitucional y de violación sistemática de derechos indígenas porque el Estado peruano, si bien ha ratificado convenios internacionales, ha establecido lotes petroleros y ha dado concesiones mineras en casi todos los territorios indígenas sin consulta previa”. En ese marco, el IIDS defiende casos paradigmáticos de pueblos indígenas ante instancias nacionales e internacionales, lo que genera estigmatización, persecución y amenazas contra los indígenas y también contra el equipo del IIDS.
Un caso emblemático de estigmatización de defensoras: pendiente ante el TC.
La abogada Yrigoyen explicó que el 4/4/2012, el Diario el Correo la calificó como “ultra, radical roja desleal” por “litigar contra el Perú en la CIDH por el caso Conga”, luego de que el IIDS solicitara Medidas Cautelares ante la CIDH. “A ocho (8) años de presentado el amparo para el retiro de dicha expresión, el Tribunal Constitucional (TC) aún no resuelve mi caso. Eso es lamentable, porque el Reglamento de la CADH (art. 63) obliga al Estado a adoptar garantías para quienes acudimos a la CIDH”, cuestionó Yrigoyen.
“La “lealtad” es el primer deber del abogado, según el Código de Ética del Abogado, por lo que si permito que me llamen “desleal” no podría ejercer la profesión”. Por eso, es necesario que el TC dé un mensaje claro para que los medios no se amparen en la libertad de expresión, como alegó Mariátegui, para propalar un discurso de odio contra quienes defendemos derechos indígenas ante la CIDH” señaló Yrigoyen.
Yrigoyen concluyó diciendo: “la falta de tutela constitucional de nuestra buena imagen como defensoras de derechos indígenas ante la CIDH en el caso Conga (y que ello no es ser “roja desleal”), hace que las vulneraciones hayan escalado a hechos como seguimiento policial y denuncias penales arbitrarias. Y, la falta de tutela en tales casos, ha posibilitado que, de ahí, sigan las amenazas contra nuestra vida e integridad”.
Riesgos de vida e integridad por falta de efectivos policiales en diligencias.
Rocío Trujillo, también abogada del IIDS, explicó al Relator cómo, en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, afectada por la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú, reiteradamente, no envía el número de efectivos policiales necesarios. Ello, tanto a las diligencias de interdicción de la Fiscalía como a las diligencias judiciales de ejecución de sentencia, del 2016 hasta el 2019, obligando a la suspensión de las mismas por falta de seguridad.
“La falta de efectivos en las diligencias genera grandes riesgos para la vida e integridad de los comuneros y de nosotras, las defensoras, porque los mineros aprovechan ello para amenazarnos y atacarnos”, explicó la abogada Trujillo. “Así pasó en una diligencia fiscal en el 2016, cuando me amenazaron; y en el 2019, los mineros amenazaron a mis colegas Raquel Yrigoyen y Blanca Erazo, en una la diligencia judicial. E, incluso, el 27 de diciembre 2019, se oyeron dos disparos al aire en plena diligencia, por lo que tuvo que suspenderse”.
Pedidos al Relator, para que inste al Estado a respetar los derechos de defensoras
El equipo jurídico del IIDS hizo entrega escrita de sus pedidos de intervención al Relator, a fin de que inste al Estado peruano a garantizar sus derechos como defensores/as de derechos humanos de pueblos indígenas, y, en particular, que:
- El Tribunal Constitucional ampare de modo pronto y efectivo el derecho a la buena imagen y ordene el retiro de la expresión “ultra, radical roja desleal” por el hecho de litigar contra el Estado ante la CIDH en defensa de derechos humanos de pueblos indígenas en el caso Conga, u otros; en aplicación del art. 63 del Reglamento de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que frene así los discursos de odio contra las defensoras, que se encubren bajo la supuesta “libertad de expresión”.
- El Ministerio del Interior (MININTER) que garantice la seguridad de las defensoras y comuneros en las diligencias fiscales y judiciales y cumpla con enviar el suficiente número de efectivos para el retiro de todos los mineros ilegales de la Comunidad Nativa Tres Islas.
- MININTER, Fiscalía y el Poder Judicial cesen de criminalizar a las autoridades indígenas por administrar justicia y defender sus territorios frente a empresas; y cesen de criminalizar a las defensoras de pueblos indígenas.
- MINCUL reconozca la aplicación de derechos indígenas a las rondas campesinas, y deje de hostilizarlas.
- MINCUL deje de negar la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y sus organizaciones.
- Cese la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, que es el motivo de intervención de los/as defensores/as.
El Relator escuchó con suma atención los planteamientos de las rondas campesinas y de las abogadas defensoras del IIDS, y señaló que va a dar seguimiento a estos casos en protección de quienes defienden los derechos humanos de pueblos indígenas.
- Mayor información: IIDS: www.derechoysociedad.org, prensaiids@derechoysociedad.org
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