IIDS/IILS Diciembre.– La Plataforma de Organizaciones de Pueblos Indígenas u Originarios y Afroperuanos impulsoras de la “Agenda Política y Legislativa de los Pueblos para el Bicentenario” que esta integrada, además del Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), la Confederación Nacional Agraria (CNA), Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH), la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (ASHANTI-Perú), la Confederación Campesina del Perú (CPP), el Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología Indígena “INTI DE AMÉRICA” y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) remitieron hace unos días una carta al TC, donde apoyan sus pedidos y solicitan se declare fundada su demanda.

Recordemos que los pedidos del Pueblo Achuar del Pastaza comprenden: el i) reconocimiento e inscripción de su Personalidad Jurídica como “Pueblo” y no como asociación o fragmentada en “comunidades”; ii) la titulación de territorio integral incluyendo el área de forestal como bosques y aguas, y no como “cesión en uso”; iii) la nulidad de los Lotes Petroleros N° 64, 166 y 196, así como todo acto administrativo inconsulto relacionado a los mismos, en su territorio.

Este caso es de especial trascendencia no solo para el Pueblo Achuar del Pastaza – FENAP (FENAP), sino para todos los pueblos; por ello, es respaldada por los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, ya que, si esta sentencia es favorable no solo sería una reivindicación histórica que favorecerá al ejercicio pleno de los derechos colectivos de todos los Pueblos Originarios del Perú.

Así, la Plataforma de Organizaciones de Pueblos Indígenas y Afroperuanas en esta carta ha enfatizado la importancia de efectivizar, luego de 200 años, en el bicentenario de la Nación, sus derechos a la personalidad jurídica y territorio integral. Ello permitiría el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios en el Perú, que actualmente están siendo obstruidos, a través de entidades del Estado, que desconocen o se niegan a ejecutar en la vía administrativa.