20 May FISCALÍA APROVECHA CONTEXTO ACTUAL PARA PERSEGUIR ARBITRARIAMENTE A AUTORIDADES RONDERAS DEL CASO CONGA
- Segunda Fiscalía de Cajamarca archiva denuncia preventiva contra autoridades ronderas por movilizaciones contra el Gobierno, mientras que la Tercera Fiscalía abre denuncia arbitraria por hechos donde no participaron.
- Las autoridades investigadas son beneficiarias de una Medida Cautelar otorgada por la CIDH en el Caso Conga.
- Autoridades ronderas del Caso Conga siguen siendo perseguidos por más de una década.
IIDS. Abril 2023. Autoridades ronderas, entre ellas beneficiarias de la Medida Cautelar del Caso Conga (MC del Caso Conga), reciben notificaciones contradictorias de Fiscalías Provinciales de Cajamarca. Mientras la Segunda Fiscalía de Cajamarca les notifica el archivo de una denuncia preventiva por movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte en enero de este año, la Tercera Fiscalía de Cajamarca les notifica el inicio de un proceso penal por las mismas movilizaciones.
Ydelso Hernández Llamo, ex presidente de CUNARC-P y beneficiario de la MC del Caso Conga, y Aladino Fernández, ex presidente de la Federación Regional de las Rondas Campesinas de Cajamarca, fueron notificados de la Disposición Fiscal N°02-2023-MP-2FPPD-CAJ que contiene el “archivo definitivo” de la denuncia preventiva por los presuntos delitos de entorpecimiento de servicios públicos y disturbios, por supuestamente convocar movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en la ciudad de Cajamarca. Junto con la Disposición del archivamiento, les notificaron que fueron investigados preventivamente a partir del 5 de enero del 2023, por un plazo de 10 días calendario. La Fiscalía concluyó que las movilizaciones fueron pacíficas y que no se dio la comisión de ningún delito.
La Policía de Cajamarca también se había pronunciado públicamente, señalando que: “las marchas han sido pacíficas” y que se encontraba coordinando con las rondas campesinas para evitar hechos de violencia en las siguientes movilizaciones de enero 2023.
Sorpresivamente, Ydelso Hernández Llamo, Eduar Rodas Rojas y Walter Castañeda, beneficiarios de la MC del Caso Conga, y otras autoridades ronderas, han recibido, de forma contradictoria, otra notificación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa (Carpeta Fiscal N° 681-2023, Disposición N° UNO-2023) donde más bien señala que serían responsables de hechos delictivos en las referidas movilizaciones en Cajamarca, incluyendo hechos del 16 y 17 de enero 2023.
La Fiscalía ha abierto proceso penal a tales autoridades ronderas porque “serían los responsables de diversos hechos de protesta”, emitir “frases alusivas contra el Gobierno central” y realizar movilizaciones. Por ello, la Fiscalía les ha imputado el presunto delito contra los Medios de Transporte, en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos (artículo 283 del Código Penal).
Esta denuncia penal evidencia una criminalización del derecho constitucional a la libertad de opinión, al considerar delictivo la emisión de frases contra el Gobierno. Asimismo, criminaliza la realización de reuniones y movilizaciones pacíficas. Además, la Fiscalía estaría aprovechando la actual coyuntura para perseguir a líderes ronderos del Caso Conga, pues ellos ni siquiera han participado en las movilizaciones de Cajamarca, al encontrarse en otras ciudades.
Ydelso Hernandez Llamo, quien fuera presidente de la CUNARC-P, y quién actualmente reside en Jaén, informó a este medio: “yo no participé en las movilizaciones de la ciudad de Cajamarca del mes de enero porque me encontraba delicado de salud y hay más de 9 horas de trayecto entre Jaén y Cajamarca”. Él considera que está siendo involucrado en denuncias penales, en esta coyuntura, por ser uno de los líderes del Caso Conga. Ello se evidencia en el hecho de que está siendo denunciado penalmente conjuntamente con otros beneficiarios del Caso Conga quienes tampoco se encontraban en la ciudad de Cajamarca en las fechas de los supuestos hechos. Estos son los casos de Walter Castañeda y Eduar Rodas que son de la provincia de Celendín, donde también se encontraban en esas fechas.
Walter Castañeda, también beneficiario de la MC del Caso Conga, dijo: “creo que estoy siendo perseguido por defender el agua, pues organicé un encuentro en las lagunas de Conga por el Día del Agua. Yo no he estado en Cajamarca en esos días. No he recibido ninguna notificación y me preocupa que puedan considerarme reo contumaz por no asistir a las citaciones”.
De su parte, Eduar Rodas Rojas, presidente de las Rondas Provinciales de Celendín y también beneficiario de la MC del Caso Conga, señaló: “Yo tampoco he sido notificado y no he participado en las marchas de Cajamarca en las fechas 16 y 17 de enero, pues me encuentro en Celendín”. Además, precisó: “la Fiscalía me ha abierto muchos procesos penales solo por ser autoridad rondera y cumplir mis funciones de administrar justicia y defender el agua”.
Persecución continua contra líderes del Caso Conga.
De la misma manera, otro beneficiario de la MC del Caso Conga, Manuel Ramos Campos, señala que continúa la persecución arbitraria contra su persona, así como contra otros 18 dirigentes ronderos. Se trata de un caso antiguo del 2014 en el cual los quieren criminalizar por su defensa de las lagunas afectadas por el proyecto megaminero Conga. La notificación viene del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca. La autoridad rondera señala: “estoy preocupado porque si no asisto me van a declarar reo contumaz, así como a los otros ronderos, y me investigan por un caso en el que no he participado, solo por ser autoridad rondera y estar en contra del proyecto Conga”.
Procuraduría Pública Especializada Supranacional no da cumplimiento a Medida Cautelar y no cesa represión.
A raíz de la represión continua que sufren las autoridades ronderas del Caso Conga, vienen solicitando reuniones al Estado peruano para dar cumplimiento a la Medida Cautelar que les otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger su vida e integridad. Lamentablemente, en la última reunión realizada entre los beneficiarios de la MC y el Estado peruano, con la asistencia técnica del IIDS, el 21/04/2023, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional (PPES) ha seguido dilatando la posibilidad de respuestas de protección concreta. La PPES convocó al MINSA pero, en vez de coordinar la atención de salud de los beneficiarios, señaló que era una “reunión de carácter informativo”, a pesar de que la MC fue otorgada el 5/5/2014.
Los asesores legales del IIDS, a cargo de la defensa de la CUNARC ante la CIDH, consideran que la constante criminalización contra lideres y lideresas de rondas campesinas deja en evidencia el uso indebido del derecho penal, empleada como estrategia de hostigamiento contra los pueblos indígenas que defienden sus aguas y territorios, y ejercen sus funciones jurisdiccionales amparados en el artículo 149 de la Constitución Política. Y que, al parecer, la Fiscalía estaría aprovechando la coyuntura actual para seguir persiguiendo a las autoridades ronderas que lideran el Caso Conga.
Asimismo, los asesores del IIDS añadieron que la CIDH ha dicho en su informe sobre la Protesta y Derechos Humanos (párr. 190), que la criminalización que sufren los líderes sociales da cuenta de una “finalidad persecutoria” que busca restringir su actividad social y política, más que proteger a los terceros en las movilizaciones; por lo que el Estado tiene el “deber de no criminalizar a los lideres y participantes de manifestaciones y protestas”.
- Mayor información: IIDS: www.derechoysociedad.org, iids@derechoysociedad.org
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