Por su parte, la participación del Estado Peruano empezó con la intervención del Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Charles Napuri Guzmán, el cual afirmó que el Perú cumple con los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y con el diálogo intercultural con la jurisdicción indígena; así como también, expuso que el Perú cuenta con mecanismos que garanticen la pertinencia cultural de los pueblos. Posteriormente, el Viceministro mencionó jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual determina que es la Justicia Ordinaria la encargada de supervisar y controlar las funciones jurisdiccionales de las Comunidades y Rondas Campesinas. Sin embargo, esto último, es justamente el problema central que origina la criminalización contra autoridades indígenas que ejercen funciones jurisdiccionales, debido a que se desconoce que ambas autoridades jurisdiccionales tienen el mismo nivel de autoridad, cada una con su respectiva competencia y derecho, y lo que ordena la Constitución peruana y los Tratados Internacionales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una coordinación intercultural sin subordinación.

En representación del Poder Judicial (PJ), Alejandrina Lucy Luglio Mallima, encargada de la Jefatura de la Oficina Nacional de la Justicia de Paz (ONAJUP), indicó que en el caso de Indalecio Días Sigueñas, no se presentó ningún planteamiento o mecanismo que cuestione la competencia del Poder Judicial dentro del proceso judicial. También invocó el art. 2 inciso 19, art. 89 y art. 149 de la Constitución Política del Perú para evidenciar de que en el Perú se reconoce el respeto cultural de los pueblos, pero advirtió de que la jurisdicción especial tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales y que todos estamos sujetos al control judicial. Sin embargo, en el caso de Indalecio Días Sigueñas, fuera del proceso, si se solicito una coordinación con los jueces del Poder Judicial para iniciar un dialogo con la jurisdicción especial indígena y la justicia ordinaria en el caso anteriormente mencionado. Incluso ONAJUP y la Comisión de Justicia Intercultural remitió oficios a la Corte Superior de San Martin para que en dicho caso se inicie un dialogo intercultural en base al Protocolo de Coordinación que tiene el Poder Judicial.  No obstante, la Corte Superior de San Martin omitió dichos oficios y no implemento dicho protocolo en el proceso.

En representación del Ministerio Público, la doctora Raquel Cárdenas Manrique, coordinadora de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público (OCAJIMP),  encargada de implementar las políticas de integración intercultural. Señaló principalmente las jornadas de acercamiento estratégico entre el Ministerio Público y las comunidades campesinas y nativas como las rondas campesinas. Además, menciono que el Ministerio Público continuará cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales teniendo en cuenta su autonomía e independencia en el marco de sus actuaciones fiscales. Así mismo, en representación del Ministerio de Cultura, Estefany Campana, especialista en la Dirección de Políticas Indígenas mencionó que el Ministerio de Cultura promueve el respeto de los pueblos indígenas u originarios y que a través del Decreto Supremo 003-2015 se aprueba la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural que tiene como objetivo garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

De todo lo expuesto por el Estado peruano, se observa una falta de evidencia clara sobre los resultados concretos y la efectividad de las políticas implementadas. Aunque se han mencionado varias iniciativas, como el protocolo de atención con enfoque intercultural y las jornadas de acercamiento entre el Ministerio Público y las comunidades, no se ha demostrado, ni se ha aportado información que evidencie una mejora real en la situación de criminalización que enfrentan las autoridades comunales. El Estado debe garantizar que las políticas no solo se discutan en reuniones, sino que se implementen de manera efectiva, con resultados tangibles que se reflejan en la protección de los derechos de las rondas campesinas y las comunidades indígenas frente a la criminalización por ejercer su jurisdicción.