IIDS. NOVIEMBRE DE 2024. El Estado peruano presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un Segundo Informe Complementario sobre el caso del Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP). Este informe responde a las observaciones realizadas por FENAP respecto a su Primer Informe, con relación a la Petición P-1138-22.

En su comunicación a la CIDH, el Estado indicó que, hasta la fecha, no posee información sobre la denuncia penal por tentativa de genocidio presentada en contra de gerentes de la empresa petrolera Talisman del Perú S.A.R.L. En este marco, adjuntó un informe del Ministerio Público donde niega los hechos y afirma que “no cuentan con investigaciones ni procesos penales instaurados por la presunta comisión de delitos en agravio de pobladores del Pueblo Achuar del Pastaza.”

¿De qué se trató este caso?

En 2009, un gran grupo de miembros del Pueblo Achuar del Pastaza se dirigieron a la base de la empresa canadiense Talisman para solicitar a los directivos de la compañía el retiro definitivo de su territorio, ya que las actividades extractivas no son compatibles con su proyecto de vida. En respuesta a ello, la compañía petrolera Talisman del Perú S.R.L., trasladó en helicópteros a otro grupo de indígenas, a quienes habría proporcionado armas de fuego, palos y machetes, entre otras armas, según las declaraciones posteriores de dirigentes achuar en las investigaciones de la Fiscalía, buscando enfrentar a los miembros del Pueblo Achuar, para imponer la extracción petrolera en un lote 64, establecido sin consulta previa. En este contexto, casi se produjo un grave enfrentamiento entre los miembros del pueblo Achuar y otros, al poner frente a frente a grupos indígenas armados. Este conflicto pudo ser evitado gracias al diálogo entre los propios dirigentes indígenas.

El 2/10/2009, los ex dirigentes, Lucas Irar Miik, presidente del pueblo Achuar-FENAP, y Puanchir Mitiap Kapuchak, presidente de la organización indígena Achuar ATI, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. El 28/12/2010, esta denuncia fue formalizada por la Fiscalía de la Nación, quién dirigió la misma contra Agustín Luis Juan Pablo de la Puente Brunk, gerente de la empresa Talismán, e Isauro Humberto Manuel Gómez Calderón, gerente de relaciones comunitarias de la misma empresa, como presuntos autores mediatos del delito de genocidio en grado de tentativa, la cual llegó al Tercer Juzgado Penal Supraprovincial. Sin embargo, este caso quedó impune y no se concluyó debido a la excepción presentada por los denunciados, la cual fue declarada fundada y confirmada por la Sala Penal Nacional, como resultado de la deficiente actuación del Ministerio Público.