22 Mar CIDH exige a Estados dar garantías a personas defensoras de DH frente a discursos de odio por acudir a la CIDH
- La CIDH proscribe discursos de odio que estigmatizan como “desleales con su país” a quienes defienden derechos indígenas ante la CIDH.
- La CIDH insta a los Estados a otorgar garantías a personas defensoras que acuden a la CIDH, según el art. 63 de su Reglamento.
- En el Perú, esperan que el Tribunal Constitucional cumpla con brindar garantías a defensores/as, frente a los discursos de odio.
IIDS/IILS. Marzo 2020. En el Comunicado de prensa emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 18 de marzo 2020, al concluir su 175 período de sesiones en la ciudad de Puerto Príncipe (Haití), la CIDH “recuerda a los Estados su obligación de otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurren a la CIDH conforme el Art. 63 de su Reglamento”.
Este recordatorio de las obligaciones contraídas por los estados fue hecho como resultado de una reunión consultiva sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos en la región, llevada a cabo el 5 de marzo 2020 en Haití. En dicha reunión, presidida por el nuevo Relator para Defensores y defensoras de Derechos Humanos, el Comisionado Joel Hernández -quien a su vez ha asumido la Presidencia de la CIDH-, se analizaron los riesgos que corren las personas defensoras.
Entre los problemas que enfrentan las personas defensoras están los “discursos de odio” y la estigmatización como “desleales con su país”, por acudir a la CIDH en defensa de los derechos de pueblos indígenas. Ello se da en el contexto de la expansión de actividades extractivas inconsultas dentro de territorios indígenas, por lo cual tales pueblos se ven obligados a defenderse. Y, a la estigmatización de los indígenas como “antidesarrollo”, “antimineros” o “revoltosos”, por oponerse a megaproyectos inconsultos, se suma la estigmatización de sus defensores.
El recurrir a instancias internacionales, como la CIDH, es catalogado por ciertos medios de comunicación como una “traición a la patria”, para deslegitimar a tales defensores y hacerlos blanco fácil de otros ataques, con el fin de dejar a tales pueblos indefensos.
El problema se agudiza cuando los defensores acuden a los órganos de justicia internos para frenar tales discursos de odio, y no encuentran protección frente a ello. Esa falta de amparo judicial en la primera etapa del ataque a los defensores (la estigmatización), posibilita que el problema escale a hechos más violentos, como la criminalización, amenazas e, incluso, atentados contra su vida e integridad.
Ante los posibles riesgos que puedan presentarse para quienes acuden a la CIDH, el art. 63 del Reglamento de la CIDH ha previsto la obligación de los Estados de brindar garantías a tales personas, según cita el Comunicado. Ello comprende la obligación general de los Estados de proteger u “otorgar garantías” a quienes concurren a la CIDH, y la prohibición de enjuiciar o ejercer algún tipo de represalias. Y, obviamente, en caso una persona defensora haya sido objeto de un discurso de odio u otro menoscabo de sus derechos, el Estado debe garantizarle un remedio judicial efectivo.
Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), que lleva la defensa de varios casos de pueblos indígenas, y que participó en la reunión de Consulta de defensores de DH de la CIDH en Haití, explicó, por ejemplo, que al volver de una reunión de trabajo sostenida ante la CIDH, fue materia de una nota periodística que busca estigmatizarla como “ultra roja desleal” por “litigar contra el Perú ante la CIDH en el caso Conga”. “En abril del 2012, yo presenté un proceso constitucional para la rectificación de una nota periodística titulada “Puñaladas rojas”. El Código de ética del Colegio de Abogados señala como primer requisito para el ejercicio de la abogacía “ser leal”, y si admito que me llamen “desleal” sería como admitir que no puedo ejercer la profesión. Lamentablemente, ya han pasado casi 8 años desde que presenté mi caso y aún no obtengo amparo judicial; pero espero que el Tribunal Constitucional aplique el Reglamento de la CIDH”, señaló la defensora.
Santos Saavedra, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y actual Coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas, organizaciones que presentaron el caso “Conga” ante la CIDH y que cuenta con una Medida Cautelar, declaró: “A nosotros, los medios nos llaman “antimineros” y a nuestra abogada “desleal”, para dejarnos sin defensora. Esperamos que el Tribunal Constitucional no demore en resolver este caso”.
El texto del Comunicado de la CIDH, literalmente, dice:
Véase Comunicado completo de la CIDH del 175 período de Sesiones: (https://mailchi.mp/dist/cidh-culmina-su-175-perodo-de-sesiones?e=ca82fb13e1.
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