IIDS. Agosto 2024. El pasado 9 de agosto de 2024, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) remitió al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Petición Administrativa de nulidad de concesiones mineras inconsultas del Proyecto Minero Río Blanco, presentada por las Comunidades Campesinas “Segunda y Cajas” y “Yanta”, la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (FEPROCCA), la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca-Hualcuy (CUPRCA-H), la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura (FERRCCAMPI) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P). MINEM no ha cumplido con notificar la remisión de esta petición a las organizaciones peticionarias, las cuales se informaron el 20 de agosto, después de llamar a las oficinas del MINEM e INGEMMET.

El Proyecto Minero Río Blanco comprende 17 concesiones mineras vigentes, las cuales, en su 100%, se encuentran superpuestas a los territorios indígenas de la Comunidad Campesina “Segunda y Cajas” (provincia Huancabamba, Piura) y “Yanta” (provincia Ayabaca, Piura). Dichas concesiones fueron otorgadas durante los años 2001 a 2004, sin realizar procesos de consulta previa, libre e informada, de manera contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El 26 de agosto, autoridades de las Comunidades y Rondas Campesinas peticionarias, se reunieron con funcionarios de la Oficina Defensorial del Pueblo de Piura donde solicitaron que se garantice sus derechos fundamentales, y señalaron que las comunidades afectadas descienden de Pueblos Indígenas y que las concesiones mineras del Proyecto Minero Río Blanco no fueron consultadas. Asimismo, indicaron que la nulidad de las concesiones mineras acabaría con el conflicto social y el acoso permanente que vienen sufriendo pese a su contundente rechazo al megaproyecto minero. El 2007 las municipalidades distritales de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Ayabaca hicieron una consulta vecinal donde más de 92% de la población se pronunció a favor de la agricultura y en contra de la minería.

Las organizaciones peticionarias esperan que INGEMMET se pronuncie de conformidad a los tratados y convenios internacionales que conforman el Ordenamiento Jurídico Nacional, y son fuentes del procedimiento administrativo.