• El 9/8/2024, MINEM envió la petición de Nulidad a INGEMMET, que no respondió dentro del Plazo.
• El 14/10/2024, ante el silencio de INGEMMET, las organizaciones peticionarias presentaron una “apelación”, como si la Petición hubiera sido denegada (apelación por denegatoria ficta).
• El 31/10/2024, la presidencia de INGEMMET resolvió, denegando la Petición; lo que conluyó el procedimiento administrativo.
• El 23/11/2024, INGEMMET notificó su resolución a las organizaciones, de forma física. Así, el caso ha quedado expedito para ir a la vía judicial, y eso es lo que han decidido hacer las organizaciones.

¿Por qué INGEMMET se equivocó al denegar la petición de nulidad?

• Para INGEMMET, “no se deben consultar las concesiones mineras porque tales no afectan directamente los derechos pues, para operar la minería, faltan otras autorizaciones”.

Sin embargo, para el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), que lleva la defensa legal del caso, la afirmación de INGEMMET no es correcta, como explica la doctora Raquel Yrigoyen Fajardo: “el solo otorgamiento de las concesiones ya vulnera el derecho de los pueblos indígenas de decidir sus prioridades de desarrollo, según el Convenio 169 de la OIT.”

También, debido a la legislación minera que dio Fujimori en 1992, las concesiones afectan directamente la situación jurídica y los derechos de las comunidades a sus tierras: “Por la sola concesión minera, el concesionario tiene el derecho de obtener, por vía administrativa, servidumbres o incluso la expropiación de las tierras de las comunidades, si éstas no le quieren alquilar, vender o autorizar el uso de las mismas; lo que vicia su voluntad.” 

Además, la empresa minera, por el sólo hecho de contar con las concesiones mineras, realizó ingresos, tala de bosques, construcción de vías y plataformas; hizo perforaciones, depósito de efluentes ácidos y otros contaminantes (sin la debida prevención), así como otras operaciones que afectaron más de 8 has. dentro de los territorios de las comunidades de “Yanta” y “Segunda y Cajas”, sin la debida autorización de las mismas, y por fuera de las autorizaciones del Estado. Por ello, la empresa minera fue multada por OSINERMING el 2008; pero las comunidades no fueron reparadas o indemnizadas a la fecha, siendo afectadas en la práctica.

• Otra razón que da INGEMMET es que las concesiones fueron otorgadas hace mucho tiempo y las comunidades no se opusieron dentro del plazo, por lo que caducó su derecho.

¿Esto es así? La doctora Yrigoyen, abogada del IIDS y docente universitaria, explica que INGEMMET está equivocado al respecto: “Este caso se trata de una omisión, pues el Estado no hizo la consulta previa y nunca notificó ni informó de ello a las Comunidades, por lo tanto, según el Código Procesal Constitucional, cuando ha habido una omisión, como en este caso, el plazo no transcurre. Además, según la Corte Interamericana, la consulta previa es una obligación del Estado, que tiene rango de principio general del derecho”.

¿Qué han decidido las Comunidades y Rondas ante la denegatoria de INGEMMET?

El presidente de la Comunidad “Segunda y Cajas”, Percy Peña Carrasco, señaló: “El Estado nunca consultó con mi Comunidad el proyecto minero. Por el contrario, mataron y torturaron a varios comuneros por oponerse. Por eso, vamos a pedir la nulidad en la vía judicial”.

De su parte, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba, Ronsul Sandoval,  anunció que el 22 de enero 2025 marcharán en la ciudad de Huancabamba para hacer conocer a la ciudadanía y al Poder Judicial que van a presentar una demanda de amparo exigiendo la nulidad de las inconsultas concesiones mineras del Proyecto Río Blanco. Así también, exigirán que cese la criminalización de las rondas campesinas.

En su momento, Ernesto Ríos, presidente saliente de la Central Única provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca-Hualcuy, y ahora parte del consejo consultivo, afirmó: “Ahora que INGEMMET nos ha notificando negando nuestro pedido, vamos a presentar la demanda de amparo, como decidimos en la asamblea de Hualcuy, que vamos a luchar hasta el final”. El presidente entrante, Hebelio Llacsahunga Córdova,  señaló: “nosotros vamos a continuar esta lucha en defensa del agua y la agricultura, por eso tenemos una movilización el 30 de enero en Ayabaca, para que los jueces escuchen nuestra demanda”.

Noralda Jiménez, presidenta de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, asimismo, afirmó: “nuestra organización, junto con las otras organizaciones estamos convocando la movilización del 30 de enero en Ayabaca en defensa de nuestras tierras, nuestra agua y nuestro futuro, por la nulidad de las concesiones mineras inconsultas del proyecto minero Río Blanco”.