IIDS. OCTUBRE 2024. El pasado 14 de octubre, las Organizaciones Comunales y Ronderas Peticionarias de la Nulidad del Inconsulto Megaproyecto Minero “Río Blanco” presentaron un recurso de apelación administrativa ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), para la declaratoria de nulidad de concesiones mineras superpuestas al territorio de las Comunidades Campesinas “Segunda y Cajas” y “Yanta”, de manera inconsulta. Esta apelación se da en el marco de la denegatoria ficta de INGEMMET al no haber respondido la Petición Administrativa de Nulidad de Concesiones en el plazo de 30 días hábiles, según lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General.

La apelación presentada por las Comunidades y Rondas señala que las concesiones mineras otorgadas a terceros sobre su ámbito territorial vulneran la Constitución Política del Perú y diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que son nulas de pleno derecho al violar el derecho a la consulta previa, libre e informada; la autonomía y libre determinación; el control territorial, así como el derecho a la vida e integridad de sus miembros. Ello dado que el mero otorgamiento de las concesiones mineras impacta sobre la situación jurídica de las comunidades campesinas y produce cambios relevantes en su estilo de vida, social, cultural y territorial.

En efecto, el otorgamiento de las concesiones mineras sobre los territorios de las Comunidades Campesinas afecta su situación jurídica dado que otorga derechos a los titulares de la concesión sobre las áreas concesionas. Así, el equipo legal del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS señala que “al otorgarse concesiones mineras, la Ley General de Minería posibilita al Ministerio de Energía y Minas dar servidumbres a favor de los titulares de la concesión o, en el peor de los casos, la realización de expropiación, como se han dado en otros casos, afectando la propiedad de las comunidades”. Por esta razón, las concesiones impactarían directamente en el uso y control de los territorios comunales; así como en la definición de los planes de desarrollo de las comunidades, dado que representan una visión centrada en el extractivismo, y no en la decisión comunal que prioriza la agricultura y la ganadería, como fue decidida por el 93% de la población de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera (Piura), en la Autoconsulta Vecinal realizada el 16 de septiembre de 2007.  

De otro lado, las comunidades y rondas campesinas también refieren que las concesiones mineras han producido cambios relevantes en su estilo de vida social y cultural, producto de la imposición violenta del proyecto minero, el cual dejó varios comuneros muertos, decenas de personas torturadas y heridas, e impactó en el tejido social de sus organizaciones, dado que buscó dividir sus estructuras comunales.

El proyecto Río Blanco, ubicado en cabeceras de cuenca, amenaza los recursos hídricos esenciales para la agricultura y ganadería, que son las principales fuentes de sustento de las comunidades. Los ecosistemas frágiles de la zona, como los páramos y bosques de la región, también estarían en riesgo de ser contaminados por la minería a tajo abierto. Según estudios preliminares, las concesiones mineras superpuestas a estos territorios ponen en peligro varias cuencas hídricas y especies de flora y fauna endémicas, lo que podría tener un impacto devastador en las comunidades locales. “Nosotros estamos para velar, ver y proteger nuestra flora, nuestra fauna y nuestras plantas silvestres (…) queremos estar tranquilos; nuestra comunidad es agricultora y ganadera, que necesita agua, y al final tenemos que cuidar ello como una reliquia”, señaló Percy Peña, presidente de la comunidad Segunda y Cajas, enfatizando que no quieren más hostigamiento de parte de la empresa minera.

El recurso de apelación ha sido presentado por la Comunidad Campesina de Yanta, la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, la Federación de Comunidades Campesinas de la provincia de Ayabaca (FEPROCCA), la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca-Hualcuy, la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura, y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), solicitando al superior jerárquico de la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET que declare la nulidad de las concesiones mineras debido a que estas fueron otorgadas de manera inconsulta y contraviniendo tanto el ordenamiento jurídico nacional como el internacional. Las organizaciones comunales y ronderas hacen un llamado al Estado peruano y a las autoridades internacionales para que vigilen el proceso de apelación y garanticen que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. También exigen que se prioricen las alternativas de desarrollo sostenible que respeten el entorno y las decisiones colectivas de las comunidades.