IIDS. Abril 2024.  El pasado 18 de abril de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a los peticionarios que “el caso se encuentra en la etapa de fondo y que el trámite está considerado procesalmente listo en esta etapa. Dado que se han cumplido los requisitos reglamentarios establecidos en el artículo 37 del Reglamento de la CIDH”. Asimismo, informó que la Comisión podrá decidir sobre el fondo de este caso en cualquier momento con base en la información recolectada.

El pasado 12 de abril del 2024, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC-Perú) informó a la CIDH que, a pesar de que este megaproyecto minero nunca ha contado con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y rondas campesinas afectadas, el Premier y el Ministro de Energía y Minas se han pronunciado públicamente sobre la reactivación de dicho megaproyecto. Al respecto, las rondas campesinas afectadas, reunidas en el Congreso “Defensores de la Vida, del Agua y el Medio Ambiente” de las Rondas Campesinas del Centro Poblado el Tambo (provincia de Hualgayoc, Cajamarca), donde también participaron Tenientes Gobernadores, Jueces de Paz, el Alcalde, el Comité de Regantes, así como autoridades de la Federación Regional de Rondas Campesinas e Indígenas de Cajamarca y de la CUNARC-Perú, elaboraron un Memorial, dirigido a diversas autoridades estatales, donde se ratifica su oposición al mencionado megaproyecto y rechazaron las declaraciones del Ejecutivo. En las conclusiones del Congreso los participantes se ratificaron en pedir que se declare la nulidad de este megaproyecto pues nunca contó con su participación, consulta y consentimiento y tiene un impacto significativo, al pretender secar el sistema hídrico que posibilita sus fuentes de subsistencia, como la agricultura y la ganadería.

Al enterarse de la comunicación de la CIDH, peticionarios de este caso manifestaron su alegría por el avance del mismo dado que ya llevan casi 12 años litigando ante la CIDH y esperan que pronto el caso pase a la Corte para contar con una sentencia internacional. Las comunidades y rondas campesinas afectadas tienen puesta su esperanza en el Sistema Interamericano para dar fin a la imposición del megaproyecto minero, pues cabe recordar que el accionar violento del Estado dejó un saldo 5 personas fallecidas – entre ellas un menor – más de 200 lesionados y todos sus principales líderes criminalizados.

Manuel Ramos, autoridad rondera de El Tambo y beneficiario de la Medida Cautelar del caso (MC 452-11) señaló: “Es una alegría esta noticia. Saludamos que la CIDH nos haya escuchado y haya tenido en cuenta nuestra lucha. Nosotros estamos decididos a ir hasta la victoria final, ante la Corte Interamericana, para defender el agua”.

Este caso cuenta con el respaldo del Relator Especial de Naciones sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Unidas Francisco Calí Tzay (Guatemala), quien el 15 de marzo del 2022 envió un Amicus Curiae ante la CIDH. El Relator sustentó su Amicus Curiae en una Audiencia del caso ante la CIDH. El Relator viajó a la zona, en el marco de una Visita Académica que le permitió conocer personalmente las lagunas y tener un encuentro directo con las comunidades y rondas afectadas, en mayo del 2022.

“Este caso es emblemático y es muy importante que ya se encuentra en la etapa de fondo porque toca el tema del derecho al consentimiento de los pueblos indígenas frente a megaproyectos extractivos de impacto”, señalan los abogados del IIDS que llevan la defensa del caso.

En este caso, el Estado peruano ha venido negando la aplicación de los derechos de participación, consulta y consentimiento, por lo que el Amicus del Relator es muy importante dado que fundamenta la obligación del Estado peruano de reconocer el derecho a la autoidentificación y de aplicar los demás estándares internacionales de pueblos indígenas a las comunidades y rondas campesinas afectadas por el megaproyecto minero Conga.

Asimismo, el Estado peruano ha negado sistemáticamente el derecho de los pueblos indígenas de dar o abstenerse de dar su consentimiento a concesiones mineras. Este caso cuenta también con un Peritaje del experto internacional Francisco Rivera, anterior abogado de la Corte Interamericana.