Derecho y Sociedad

Programa de la Diplomatura 2011
FUNDAMENTACIÓN
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En los países de la región, coexiste una pluralidad de pueblos, culturas, idiomas y sistemas jurídicos, los que se encuentran, por lo general, en situaciones de tensión o conflicto. Una fuente de conflictos está vinculada al choque entre sistemas culturales y jurídicos, y distintas visiones del desarrollo. Los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas posibilitan la regulación de la vida social y la resolución de conflictos, en el marco de su cultura, idiomas y necesidades sociales, como una forma directa de acceso a la justicia. Sin embargo, muchas autoridades indígenas (campesinas, nativas y ronderas) son perseguidas penalmente por administrar justicia dentro de sus territorios o por tomar decisiones de protección de sus bienes jurídicos frente a terceros no indígenas. Estos conflictos tienen como resultado un alto costo social para todas las partes implicadas y afectan el acceso a la justicia para los pueblos indígenas.
En el origen del problema hay una larga historia colonial y republicana. Los estados latinoamericanos nacieron estableciendo un marco jurídico monista y monocultural, bajo la identidad Estado-nación y Estado-derecho, que excluía a los pueblos indígenas y sus sistemas jurídicos. Tal modelo ha dado un cambio paradigmático tanto en el derecho internacional como constitucional. El derecho internacional actualmente reconoce el derecho de los pueblos a controlar sus territorios, instituciones, formas de vida y desarrollo, y a contar con sus propios sistemas jurídicos o derecho consuetudinario, como se desprende del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares del Sistema Interamericano.

En cuanto al desarrollo del derecho constitucional, el constitucionalismo pluralista ya tiene un recorrido de tres décadas en Latinoamérica. Esto es, la emergencia del multiculturalismo en los ochentas del s. XX, el reconocimiento del Estado pluricultural y el pluralismo jurídico en los noventas del s. XX, y el reconocimiento de los estados plurinacionales en el s. XXI. El marco jurídico actual reconoce autoridades, funciones jurisdiccionales y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, bajo relaciones de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Algunos países, como Colombia, han desarrollado una jurisprudencia constitucional sobre la materia, pero en la mayor de países de la región no se ha producido el cambio requerido en la cultura jurídica que permita el reconocimiento efectivo del pluralismo jurídico y el respeto de los sistemas jurídicos indígenas por parte de los operadores de la jurisdicción ordinaria. Igualmente, las experiencias de coordinación entre sistemas todavía son muy escasas.

Con relación a la normativa interna, en algunos países, se han dado avances en el derecho penal y el derecho procesal penal que permiten el reconocimiento del pluralismo jurídico y el respeto de los sistemas jurídicos indígenas, pero que requieren ser implementados. Por ejemplo, el Nuevo Código Procesal Penal del Perú excluye la jurisdicción indígena de la competencia de la jurisdicción ordinaria, pero es necesaria una mayor difusión de estas normas para su debida aplicación.

La PUCP y el IIDS buscan promover el encuentro entre actores, esto es, autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena o especial, a fin de que puedan desarrollar capacidades para un reconocimiento efectivo del pluralismo jurídico y el respeto de los derechos indígenas, así como para el diálogo intercultural, la coordinación entre sistemas y la búsqueda de soluciones concertadas a los conflictos de interlegalidad que experimentan en su quehacer cotidiano.

PÚBLICO OBJETIVO
  • Operadores de la justicia ordinaria (jueces, fiscales, abogados/as defensores,   policías), funcionarios públicos, miembros de la Defensoría del Pueblo y otras         instancias públicas.
  • Autoridades de la jurisdicción indígena o especial, miembros de organizaciones.
  • indígenas y/o comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas.
  • Defensores legales y profesionales de ONGs, agencias internacionales de cooperación, y otros sectores de la sociedad civil comprometidos con el tema.
  • Profesionales de empresas o instituciones que trabajan en territorios indígenas.
  • Profesionales o estudiantes de derecho con experiencia o interés en el tema.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo del programa es desarrollar competencias de las autoridades de la jurisdicción ordinaria e indígena para analizar los conflictos entre ambos sistemas y encontrar soluciones concertadas que garanticen el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en contextos plurales y globales, aplicando el marco jurídico internacional y nacional.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar la diplomatura, los/as participantes:
  1. Manejan herramientas conceptuales y metodológicas que les permiten comprender el pluralismo jurídico y la existencia de sistemas jurídicos indígenas, así como analizar los problemas y conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la indígena.
  2. Dominan el corpus jurídico que reconoce el pluralismo jurídico y los derechos  indígenas, incluyendo el derecho internacional y nacional.
  3. Cuentan con habilidades para interpretar, argumentar y aplicar el corpus de   derechos indígenas y el pluralismo jurídico en su quehacer cotidiano.
  4. Han desarrollado habilidades para el diálogo intercultural y la coordinación entre sistemas jurídicos.

 

 

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DOCUMENTOS

AUDIENCIA TEMATICA

 

PRESENTACIÓN (VER PPT)


INFORME SOBRE EL CASO DE MÁXIMA ACUÑA DE CHAUPE, (VER INFORME)



PRINCIPIOS MÍNIMOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, CONSULTA PREVIA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO (descargar archivo)



OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO PERUANO ANTE EL MEGAPROYECTO “CONGA” (descargar archivo)

 

 

INFORME: AUDIENCIA TEMÁTICA REGIONAL SOBRE "JURISDICCIÓN INDÍGENA Y DERECHOS HUMANOS" CIDH, 141 Periódo de sesiones, Washington, 25 de marzo 2011 (ver archivo)

 


INFORME-YANACOCHA


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